El reciente terremoto en Venezuela, relacionado por diversos sectores con la adoración a imágenes y dioses paganos, ha encendido las alarmas en Honduras y reabierto con fuerza el debate sobre la regulación de estas actividades. Bajo el derecho de libre pensamiento y expresión, ciudadanos argumentan que el Estado debe intervenir y aplicar sanciones penales estrictas contra brujos y hechiceros.
Quienes defienden esta postura sostienen que estas prácticas no solo promueven la idolatría, sino que dañan directamente la vida, salud y estabilidad de personas inocentes que nada tienen que ver con esos rituales.
Con esta medida, se busca frenar los engaños y proteger el bienestar de la población frente a influencias consideradas perjudiciales para la sociedad.
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