
TEGUCIGALPA, HONDURAS. La muerte del periodista y director de Radio Globo, David Romero Ellner, ocurrida en julio de 2020, continúa generando controversia y cuestionamientos. Para sectores populares, defensores de derechos humanos y su entorno cercano, su fallecimiento no fue una consecuencia inevitable de la pandemia, sino un presunto homicidio político vinculado al régimen del expresidente Juan Orlando Hernández.
El reciente retorno de Hernández a Honduras, tras recibir un indulto en Estados Unidos, ha reactivado el debate público y la indignación social. Su presencia en el país revive las dudas sobre la versión oficial que atribuyó la muerte de Romero a un paro respiratorio derivado del COVID-19 mientras permanecía recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara. Para sus allegados, dicha versión habría servido como una fachada para encubrir una persecución política contra una de las voces más críticas del poder.
El origen del conflicto: el caso IHSS
El enfrentamiento entre Romero y el poder político se intensificó tras sus investigaciones sobre el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), uno de los mayores escándalos de corrupción en el país. Sus revelaciones expusieron una red que habría desviado miles de millones de lempiras del sistema de salud pública.
De acuerdo con denuncias ampliamente difundidas en su momento, parte de esos fondos habrían sido utilizados para financiar campañas políticas, lo que colocó al periodista en el centro de una confrontación directa con estructuras de poder. Desde entonces, Romero fue señalado por sus seguidores como blanco de persecución judicial.
El proceso judicial y las críticas internacionales
En 2016, Romero fue condenado a 10 años de prisión por delitos de difamación e injurias, una sentencia que generó críticas de organismos internacionales al considerarla desproporcionada y un posible atentado contra la libertad de expresión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a su favor, solicitando al Estado hondureño proteger su integridad y revisar su situación. Sin embargo, en marzo de 2019, fuerzas de seguridad ejecutaron su captura en las instalaciones de Radio Globo, ignorando dichos llamados internacionales, y lo trasladaron a una instalación militar en Támara.
Controversias en torno a su muerte
Con la llegada de la pandemia en 2020, las condiciones de detención y atención médica de Romero se convirtieron en un punto crítico. Familiares, especialmente su esposa, la periodista Lidieth Díaz, denunciaron irregularidades que, según su versión, contribuyeron a su fallecimiento.
Entre los señalamientos destacan:
- Negativa a medidas sustitutivas: A pesar del riesgo sanitario en centros penitenciarios, no se le concedieron alternativas a la prisión.
- Condiciones de exposición: Se denunció que permaneció en entornos sin garantías adecuadas de bioseguridad.
- Retrasos en atención médica: Según sus allegados, hubo dilaciones en su traslado a un centro hospitalario especializado, lo que habría agravado su estado de salud.
Un caso que sigue abierto en la memoria colectiva
Para diversos sectores de la sociedad hondureña, la versión oficial de su muerte sigue siendo cuestionada. Consideran que existen elementos que ameritan una revisión más profunda e independiente de los hechos.
A seis años de su fallecimiento, el caso de David Romero continúa siendo símbolo de debate sobre libertad de expresión, justicia y el uso del poder en Honduras. Su figura permanece como la de un periodista crítico cuyo legado sigue generando interrogantes en la opinión pública.
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