Honduras ha acumulado decenas de miles de homicidios durante las últimas dos décadas. El Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH registró 93,078 homicidios entre 2004 y 2024. En ese período, el país pasó por algunos de los niveles de violencia más altos de su historia reciente: en 2011 se registraron 7,104 homicidios y una tasa de 86.5 por cada 100,000 habitantes.
La situación ha mejorado posteriormente. Los homicidios bajaron de 3,942 en 2021 a 3,664 en 2022, 3,361 en 2023 y 2,690 en 2024. Para 2025, la UNAH reportó 2,633 víctimas y una tasa de 26.2 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto significa que la violencia letal ha descendido considerablemente respecto de los años más críticos, aunque continúa siendo elevada.
¿Podría Honduras volver a establecer la pena de muerte?
Actualmente, no mediante una simple reforma al Código Penal.
El artículo 66 de la Constitución de la República establece expresamente: «Se prohíbe la pena de muerte». Por tanto, una ley ordinaria aprobada por el Congreso Nacional no podría simplemente incorporar la pena capital entre las sanciones del Código Penal mientras esa disposición constitucional permanezca vigente.
Además, Honduras se adhirió el 14 de septiembre de 2011 al Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, depositando el instrumento correspondiente el 10 de noviembre de ese año. El artículo 1 del Protocolo establece que los Estados parte no aplicarán la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción.
La propia Convención Americana contiene una disposición todavía más directa: señala que la pena de muerte no debe restablecerse en los Estados que la hayan abolido.
Por eso, si en el futuro Honduras quisiera volver a plantear constitucional y legalmente la pena capital, el asunto no se limitaría a una votación ordinaria del Congreso. Tendría que analizarse la Constitución, los tratados internacionales vigentes y los procedimientos jurídicos necesarios para modificar o dejar sin efecto esas obligaciones.
La Constitución establece que sus reformas requieren el voto favorable de dos terceras partes de la totalidad de los diputados del Congreso Nacional y la ratificación por la legislatura ordinaria siguiente, con el mismo número de votos.
¿Qué delitos podrían estar en discusión?
Aquí es importante diferenciar entre lo que actualmente establece la legislación hondureña y lo que hipotéticamente podría discutirse en una futura reforma.
Honduras actualmente castiga los delitos más graves contra la vida con penas de prisión. El Código Penal contempla, entre otros, homicidio, asesinato, parricidio y delitos relacionados con la privación de libertad. En determinados casos de secuestro en los que se provoca la muerte de la víctima, por ejemplo, se contempla prisión a perpetuidad.
Si alguna vez se reabriera el debate sobre la pena capital, algunos de los delitos que podrían aparecer en una discusión legislativa serían:
1. Asesinato agravado.
Sería uno de los principales delitos que podrían discutirse, especialmente cuando existieran circunstancias particularmente graves como múltiples víctimas, extrema crueldad, planificación previa o determinadas circunstancias vinculadas al crimen organizado.
2. Asesinato de niños o menores.
Podría plantearse como una circunstancia agravante específica. En Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los estados que mantienen la pena de muerte consideran el asesinato de un niño como una circunstancia que puede hacer que un homicidio sea elegible para la pena capital.
3. Asesinato de agentes del Estado.
Una futura legislación podría discutir casos en los que un agente policial, militar, fiscal, juez u otro funcionario sea asesinado deliberadamente debido a sus funciones. El derecho federal estadounidense contempla circunstancias relacionadas con el asesinato de determinados funcionarios y sus familiares.
4. Secuestro con resultado de muerte.
También podría entrar en el debate un secuestro en el que la víctima sea asesinada. En la legislación hondureña actual, el secuestro agravado que causa la muerte ya recibe una de las sanciones más severas: prisión a perpetuidad.
5. Terrorismo con resultado de muerte.
En Estados Unidos existen delitos federales relacionados con terrorismo que pueden quedar sujetos a la pena capital cuando concurren las circunstancias establecidas por la legislación.
6. Crímenes múltiples o asesinatos cometidos durante otros delitos graves.
El sistema federal estadounidense contempla como circunstancias agravantes que una muerte ocurra durante delitos como secuestro, toma de rehenes, determinados ataques terroristas, destrucción mediante explosivos y otros delitos graves.
El modelo estadounidense
Estados Unidos es un ejemplo particularmente relevante porque mantiene la pena de muerte, aunque no existe una única aplicación nacional idéntica: las reglas dependen de la jurisdicción estatal o federal.
El principio general es que la pena capital se concentra en delitos en los que una persona ha causado una muerte y concurren determinadas circunstancias agravantes. El Death Penalty Information Center señala que todos los condenados a muerte actualmente y todas las personas ejecutadas en la era moderna de la pena capital estadounidense fueron condenadas por asesinato.
En 2026, además, Estados Unidos continúa realizando ejecuciones. Hasta el 24 de septiembre se habían registrado 28 ejecuciones en seis estados, según el registro del Death Penalty Information Center.
El sistema federal estadounidense también contempla la pena de muerte para determinadas conductas como espionaje, traición y diferentes delitos que producen la muerte, entre ellos algunos relacionados con terrorismo, secuestro, explosivos, aeronaves y ataques contra determinados funcionarios.
Sin embargo, incluso dentro de Estados Unidos la pena capital está lejos de aplicarse automáticamente. Existen requisitos procesales, circunstancias agravantes y factores atenuantes que deben ser considerados antes de que pueda imponerse una sentencia de muerte.
Honduras ya tuvo pena de muerte
La discusión tampoco sería completamente nueva para Honduras.
Históricamente, la legislación hondureña contempló la pena capital. Un antiguo Código Penal, por ejemplo, establecía la pena de muerte para determinados casos de parricidio y asesinato.
Pero Honduras abolió la pena de muerte para todos los delitos en 1956. De acuerdo con documentación histórica recopilada por Amnistía Internacional, la última ejecución registrada en el país ocurrió en 1940.
En 1956, la pena capital fue eliminada con el argumento de que los objetivos que se habían buscado mediante esa sanción no se habían alcanzado y que el Estado debía garantizar la inviolabilidad de la vida humana.
¿La pena de muerte reduciría los homicidios?
Esta es probablemente la parte más importante del debate.
El descenso de los homicidios en Honduras durante los últimos años demuestra que la violencia puede disminuir sin que actualmente exista una pena de muerte. Al mismo tiempo, los niveles de homicidio siguen siendo elevados y existe un debate legítimo sobre cuáles medidas producen mayor seguridad.
No obstante, no puede afirmarse científicamente que reinstalar la pena de muerte necesariamente reduciría los homicidios. En Estados Unidos, una revisión del National Research Council concluyó que las investigaciones disponibles no permitían determinar de manera fiable si la pena capital disminuye, aumenta o no tiene efecto sobre las tasas de homicidio.
Por tanto, si Honduras alguna vez discutiera nuevamente esta medida, la pregunta no sería únicamente qué castigo recibirían los criminales, sino también qué evidencia existe sobre su efecto disuasorio, cómo se evitarían errores judiciales y qué garantías procesales deberían establecerse.
Un debate que podría volver al Congreso
La pena de muerte no forma parte actualmente del sistema penal hondureño y su reintroducción enfrentaría importantes obstáculos constitucionales e internacionales.
Sin embargo, el debate político y social sobre qué hacer frente a los asesinatos, el crimen organizado, los secuestros, los homicidios de menores y los ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad puede plantearse en el futuro.
Si alguna administración o grupo de diputados decidiera impulsar nuevamente la pena capital, el Congreso tendría que discutir qué delitos serían susceptibles de recibirla, qué circunstancias agravantes deberían exigirse, qué garantías procesales serían obligatorias y cómo se enfrentaría el marco constitucional e internacional que actualmente impide su aplicación.
La discusión, por tanto, no sería simplemente entre «pena de muerte sí» o «pena de muerte no». Implicaría decidir qué modelo de justicia penal quiere adoptar Honduras frente a los delitos de mayor gravedad y qué mecanismos serían capaces de proteger simultáneamente a la sociedad, a las víctimas y las garantías del debido proceso.
