WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. — La Corte Suprema de Estados Unidos iniciará este lunes 5 de octubre su nuevo período con un caso que podría tener importantes consecuencias para miles de inmigrantes detenidos durante procesos de deportación.
Los magistrados acordaron el pasado 1 de octubre revisar la política de la administración del presidente Donald Trump que permite mantener detenidos a determinados inmigrantes sin concederles una audiencia ante un juez de inmigración para determinar si pueden obtener la libertad bajo fianza.
El caso gira en torno a la interpretación de las leyes federales de inmigración y a la situación de personas que ya se encontraban viviendo en Estados Unidos y que, tras ser detenidas por las autoridades migratorias, han quedado sujetas a detención obligatoria mientras avanzan sus procesos.
Una disputa sobre las audiencias de fianza
Durante años, determinados inmigrantes que ya residían dentro de Estados Unidos podían solicitar una audiencia ante un juez de inmigración para determinar si debían permanecer detenidos o podían ser liberados bajo fianza mientras se resolvía su situación migratoria.
La administración Trump adoptó una interpretación diferente de una disposición de la legislación migratoria de 1996 y sostiene que determinados inmigrantes que ingresaron al país sin autorización pueden ser considerados sujetos a detención obligatoria, sin derecho a una audiencia de fianza durante sus procedimientos de deportación.
La disputa ha provocado decisiones diferentes entre los tribunales federales de apelaciones. La mayoría de los circuitos que han analizado la cuestión han rechazado la interpretación del Gobierno, mientras que los circuitos Quinto y Octavo han respaldado la posición de la administración.
El caso que llegará ante los magistrados
El caso ante la Corte Suprema involucra a Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, ciudadano brasileño que llevaba más de dos décadas viviendo en Estados Unidos y que fue detenido durante un proceso migratorio.
Su caso plantea si una persona que ya reside dentro del país puede ser sometida a detención obligatoria sin tener la oportunidad de acudir ante un juez para solicitar una audiencia de fianza.
La decisión de la Corte Suprema podría determinar qué interpretación de la ley debe aplicarse a nivel nacional y resolver el conflicto que existe actualmente entre distintos tribunales federales.
¿Qué está en juego?
El fallo podría afectar la manera en que las autoridades migratorias manejan la detención de personas que enfrentan procedimientos de deportación.
La cuestión central será determinar si las disposiciones de la legislación federal autorizan al Gobierno a mantener bajo custodia a determinados inmigrantes durante sus procesos migratorios sin permitirles solicitar una audiencia de fianza.
La Corte Suprema no ha anunciado todavía cuándo emitirá su decisión. El nuevo período judicial comienza el 5 de octubre de 2026 y se extenderá hasta 2027.
