
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó la eliminación de las normas aprobadas durante la administración de Joe Biden que ampliaban las protecciones contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en centros educativos que reciben fondos federales.
La decisión fue adoptada por el Departamento de Educación y entró en vigor el 29 de septiembre de 2026. Con ella se derogó formalmente la regulación de 2024 impulsada por Biden y se restableció el marco regulatorio aprobado durante el primer mandato de Trump.
El Título IX, una ley federal aprobada en 1972, prohíbe la discriminación por razón de sexo en programas o actividades educativas que reciben financiación federal. La regulación de Biden había interpretado que esa protección también comprendía la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, defendió la decisión y afirmó que el Gobierno está restableciendo el marco regulatorio de la primera administración Trump. El Departamento de Educación sostiene que la medida busca ofrecer mayor claridad a estudiantes, padres e instituciones educativas.
Con la restauración de las normas de 2020, desaparece del reglamento federal la interpretación de 2024 que incorporaba explícitamente la orientación sexual y la identidad de género dentro de las protecciones contra la discriminación sexual contempladas por el Título IX.
Una medida que ya se aplicaba desde 2025
Aunque la revocación formal se produjo ahora, el cambio no supone una modificación inmediata de la práctica federal. La administración Trump había dejado de aplicar las normas de Biden desde enero de 2025, después de que tribunales federales bloquearan y posteriormente anularan esa regulación.
La nueva decisión elimina definitivamente el texto de 2024 del Código de Regulaciones Federales y deja nuevamente vigente el marco de 2020.
El cambio ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos de las personas LGTBIQ+, mientras que sectores que respaldan la política de Trump consideran que la restauración de las normas anteriores refuerza las protecciones basadas en el sexo dentro del sistema educativo.