WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. — La Administración del presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), en una escalada de las tensiones entre Estados Unidos y el organismo encargado de investigar y juzgar crímenes internacionales, incluidos crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad.
La medida fue anunciada el viernes 9 de octubre de 2026, apenas unas horas después de que el Premio Nobel de la Paz fuera concedido a Navi Pillay, jurista sudafricana y antigua jueza del tribunal.
Las sanciones buscan limitar las operaciones financieras del TPI y restringir sus transacciones con entidades estadounidenses. La decisión se enmarca en la oposición de Washington a las investigaciones del organismo relacionadas con ciudadanos estadounidenses y aliados de Estados Unidos, entre ellos Israel. No obstante, la coincidencia temporal con la entrega del Nobel no demuestra por sí sola que el premio haya sido el motivo directo de las sanciones.
Trump ha insistido en que merece el Nobel de la Paz
El presidente estadounidense ha expresado reiteradamente su deseo de recibir el Premio Nobel de la Paz y ha defendido su papel en diferentes iniciativas diplomáticas internacionales.
Sin embargo, el galardón de 2026 fue otorgado a Navi Pillay por su trayectoria en favor de los derechos humanos, la justicia internacional y el derecho internacional.
La decisión volvió a situar en el centro de la atención pública las declaraciones de Trump sobre el reconocimiento internacional que considera merecer.
¿En qué consisten las sanciones contra el TPI?
Las medidas anunciadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, buscan aislar financieramente al tribunal y dificultar sus relaciones comerciales con empresas estadounidenses.
Entre las restricciones se encuentran la prohibición de determinadas transacciones con el organismo y limitaciones al acceso a servicios financieros y tecnológicos de Estados Unidos. También se estableció un periodo de transición de aproximadamente seis meses para que determinadas entidades estadounidenses ajusten sus relaciones comerciales.
La Administración Trump sostiene que el tribunal representa una amenaza para la soberanía estadounidense y rechaza que pueda ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de ese país en los casos cuestionados por Washington.
El Tribunal Penal Internacional responde
El TPI rechazó las medidas y advirtió que constituyen un ataque al Estado de derecho y al orden jurídico internacional.
El organismo pidió respaldo a sus Estados miembros para proteger su independencia y garantizar la continuidad de sus funciones. El tribunal, con sede en La Haya, investiga crímenes graves cometidos en distintas partes del mundo.
La decisión estadounidense también generó preocupación entre aliados de Washington y defensores de la justicia internacional, debido a sus posibles consecuencias para las operaciones cotidianas del organismo.
Un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Washington y La Haya
Las nuevas sanciones representan otro episodio de la prolongada disputa entre el Gobierno estadounidense y el TPI, que ha sido objeto de medidas anteriores contra jueces y fiscales vinculados con investigaciones rechazadas por Washington.
Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma, tratado que estableció el tribunal en 1998 y que entró en vigor en 2002.
El alcance de las nuevas restricciones y la respuesta de los países miembros serán determinantes para establecer sus efectos sobre la capacidad operativa del organismo y la cooperación internacional en materia de justicia.
