SAN SALVADOR, El Salvador. La justicia salvadoreña ordenó la liberación del expresidente Elías Antonio Saca, tras cumplir una condena de diez años de prisión por delitos de peculado y lavado de dinero y activos relacionados con el desvío de recursos públicos durante su administración, entre 2004 y 2009.
La orden de libertad marca el cumplimiento de la pena impuesta en septiembre de 2018, cuando el exmandatario fue condenado por su participación en una estructura que desvió fondos estatales y los canalizó hacia cuentas bancarias y empresas vinculadas con personas de su entorno.
Una condena por el desvío de millones de dólares
Antonio Saca gobernó El Salvador entre 2004 y 2009. Las investigaciones judiciales determinaron que durante su administración se desviaron aproximadamente 301 millones de dólares de recursos públicos.
En septiembre de 2018, el exmandatario recibió una condena de diez años de prisión, distribuida en cinco años por peculado y cinco por lavado de dinero y activos. La sentencia se produjo después de que aceptara los hechos atribuidos por la Fiscalía y se sometiera a un procedimiento abreviado.
Saca había sido capturado en octubre de 2016 y permaneció bajo detención durante el proceso judicial y el cumplimiento de la pena correspondiente.
Los bienes permanecerán en manos del Estado
La liberación del expresidente no implica la devolución de las propiedades y los activos decomisados en los procedimientos relacionados con el caso.
Las autoridades judiciales han ordenado que distintos bienes vinculados con el patrimonio investigado pasen a manos del Estado, como parte de los procesos destinados a recuperar recursos que, según las resoluciones judiciales, fueron obtenidos mediante actividades ilícitas.
Entre los activos alcanzados por estas medidas figuran 25 inmuebles y ocho productos financieros, valorados conjuntamente en aproximadamente 9.6 millones de dólares, de acuerdo con las resoluciones comunicadas por las autoridades en marzo de 2026.
Las propiedades están ubicadas en varios departamentos del país y su destino se rige por las decisiones adoptadas en los procedimientos de extinción de dominio.
Las obligaciones económicas siguen vigentes
Además de la pena de prisión, el caso dejó obligaciones económicas derivadas de las sentencias judiciales. En el proceso relacionado con el desvío de fondos públicos, se estableció una responsabilidad civil de aproximadamente 260.7 millones de dólares a favor del Estado.
Asimismo, en un proceso por enriquecimiento ilícito, una sentencia de 2021 ordenó a Saca devolver más de 3.8 millones de dólares. También se establecieron obligaciones económicas para su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca.
Estas responsabilidades son independientes de la condena penal. Por ello, el cumplimiento del tiempo de prisión no elimina automáticamente las obligaciones civiles ni las medidas patrimoniales establecidas por los tribunales.
Un caso de alto impacto en la historia reciente del país
El proceso contra Antonio Saca se convirtió en uno de los casos de corrupción más relevantes de la historia reciente de El Salvador por la cantidad de recursos públicos involucrados y las consecuencias judiciales derivadas de las investigaciones.
Con la orden de libertad, el exmandatario queda sujeto a las condiciones legales que correspondan una vez cumplida su condena de prisión. Sin embargo, la recuperación de bienes y el cumplimiento de las obligaciones económicas continúan siendo asuntos independientes, sujetos a las resoluciones judiciales correspondientes.
